EFEBOS. TOLERANCIA CERO
Al mismo tiempo, nueva información de casos en el mundo de habla española prueba qué lejos está la Iglesia Católica de haber aprendido la lección de la crisis, y la necesidad de una verdadera política de tolerancia cero con consecuencias.
La carta de León XIV enfatiza la supresión de dicho grupo mientras elogia a Ugaz y a otros periodistas. Aunque no aborda explícitamente la tolerancia cero, hay un párrafo donde habla de la necesidad de “no tolerar ninguna forma de abuso”:
- «La prevención y el cuidado no son una estrategia pastoral: son el corazón del Evangelio. Es urgente arraigar en toda la Iglesia una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso, ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual. Esta cultura sólo será auténtica si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido heridos».
Jordi Bertomeu, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a cargo de la investigación y supresión del Sodalicio leyó la carta, el 19 de junio, en el estreno de una obra de teatro que narra la saga de Ugaz y otros periodistas.
El Sodalicio era similar a una orden religiosa, pero más parecido a una controladora empresarial con conductas sectarias muy arraigadas. Tan perjudicial para la propia Iglesia Católica que, antes de morir, el papa Francisco los suprimió
Carta del papa León XIV a Paola Ugaz.
La brecha generalizada
Lamentablemente, a pesar de la carta de León XIV y de empeños de Francisco, como suprimir al Sodalicio, ante la gravedad de la crisis, la Iglesia Católica usa la noción de tolerancia cero más como un lema de campaña, como se explicó en la entrega previa de esta serie para el caso de la Legión de Cristo, enlazada después de este párrafo, que como una política en forma, con consecuencias por incumplimiento de objetivos precisos y rendición de cuentas.
León XIV no está solo en su llamado a la vigilancia, la transparencia y la disposición a reconocer y reparar errores. Antes del cónclave que eligió al cardenal Prevost, la Red de Sobrevivientes de Abusos Sacerdotales, SNAP por sus siglas en inglés, exigió también una real política de tolerancia cero.
Para ello, SNAP adoptó una propuesta desarrollada por Nate’s Mission, una ONG de Estados Unidos, disponible sólo en inglés en su sitio web.
Es claro, pues, que ha llegado el momento de que la Iglesia Católica articule una real política de tolerancia cero, capaz de superar el uso para propaganda. Para ello, es necesario consolidar las tres dimensiones identificadas por León XIV: vigilancia, transparencia y disposición a reconocer y corregir los errores y dotar de “dientes” a las medidas que pudiera tomar en ese sentido en el futuro.
Mientras León XIV define qué hará, se debe profundizar en cómo llegó la idea de tolerancia cero al discurso católico, pues existe una brecha entre los objetivos declarados, lo que ocurre y el que la Iglesia Católica sigue sin reconocer siquiera a muchos sobrevivientes como víctimas de abuso.
Aunque ahora es común en el discurso católico, el concepto surgió tras la debacle de finales del siglo XX. A pesar de su actual prominencia, fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Francia hay poca evidencia de una apropiación real y efectiva de lo que implica.
La apropiación católica de la tolerancia cero ocurrió a principios de este siglo, luego del diálogo que tuvo lugar en Dallas entre obispos y diversos grupos de la Iglesia Católica de Estados Unidos. Esa reunión dio forma al actual Estatuto o Chárter para la protección de niños y jóvenes.
Dallas fue similar, en varios aspectos, a las reuniones que la Iglesia Católica alemana celebra aproximadamente cada década, el llamado El camino sinodal o Der Synodale Weg. Siguió una comprensión proactiva del diálogo dentro de la Iglesia Católica y, por ello, es precursora del Sínodo de la Sinodalidad del papa Francisco, un llamado a construir una Iglesia «sinodal» que, para sorpresa de nadie, saca lo peor de las facciones más reaccionarias de esa Iglesia.
Llanero solitario
A pesar de la idea ahora común de tolerancia cero, la batalla del entonces líder de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB por sus siglas en inglés, y ahora emérito de Washington, D.C., el cardenal Wilton Daniel Gregory era difícil de anticipar.
Sólo fue capaz de hacerlo tras la bancarrota generada por décadas de negacionismo, manipulación y acoso a los sobrevivientes por parte de clérigos hasta entonces poderosos como el cardenal Bernard Law.
Law presidió el Waterloo católico en Boston, hasta entonces una de las arquidiócesis más ricas de Estados Unidos y epicentro de la crisis global, como describe la cinta Spotlight o En la primera plana de 2015.
Muchos católicos, jerarcas y laicos seguían empeñados en desacreditar las acusaciones de abuso y defender a los depredadores. La entrega previa de esta serie probó cómo John Neuhaus, referente del pensamiento conservador en el mundo angloparlante apoyó a Marcial Maciel en 2002 de esa manera.
En noviembre de 2001, Gregory se convirtió en el inesperado líder de la USCCB. Era obispo de Belleville, una diócesis con cerca de 100 mil fieles, menos del 13 por ciento de la población de 28 condados que la integran en Illinois y fue el primer afroamericano en el cargo.
A pesar de las dificultades, Gregory buscó cambios, forzado por la actitud proactiva de las policías, la presión de los medios y su propia comprensión del alcance de la crisis. Así, a lo largo de distintas versiones del Chárter, han surgido criterios para lo que en Estados Unidos sí es una política de tolerancia cero.
Parte de esa experiencia se evidencia al buscar en el sitio web de Tutela Minorum, el organismo de la Iglesia Católica que aborda el tema. La búsqueda “tolerancia cero” arroja doce resultados, que van de mayo de 2024 a febrero de 2025.
Los más relevantes son fragmentos del documento Universal Guidelines Framework que podría traducirse como "Marco de criterios universales". Lamentablemente, sólo existe en inglés. El resto de las coincidencias son fragmentos de declaraciones de miembros de Tutela Minorum.
El criterio 1, titulado “Liderazgo eclesial comprometido y cultura”, establece: “1.1. La autoridad eclesiástica se compromete públicamente con la salvaguarda, con una postura de tolerancia cero ante el abuso”. Dicho criterio se desarrolla en tres indicadores, pero ninguno menciona la tolerancia cero. La falta de un parámetro concreto sobre lo que implica lo deja abierto a interpretación.
El criterio 5, titulado “Atención a la cultura”, aborda la tolerancia cero en su primer indicador: “5.1. Los protocolos de protección se adaptan a los contextos culturales y sociales únicos de la Iglesia. 5.1.1. Las políticas y procedimientos de protección (especialmente el Código de Conducta y los procedimientos de quejas) se contextualizan en la cultura de la iglesia local, alineándose con principios universales (como la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU), garantiza que el enfoque de tolerancia cero al abuso se mantenga en el contexto cultural local”.
El criterio 7, titulado “Gestión de personal”, al igual que el 5, habla de tolerancia cero en su primer indicador
¿Dónde están los criterios?
No hay algún documento en el sitio web que indique las consecuencias de desobedecer esta idea más bien vaga de “postura” o “enfoque” de tolerancia cero respaldada por Tutela. Quien busque qué consecuencias enfrentan los depredadores o quienes los encubren por incumplir con los criterios, como la destitución del ministerio, debe estar listo para decepcionarse.
Lo mismo podría decirse de la cooperación con las autoridades civiles. El tema no es irrelevante, pues la cooperación va en un gradiente de opciones: desde reportar activamente a las autoridades en cuanto un líder religioso sabe que hubo una instancia de abuso, hasta sólo cooperar cuando la autoridad lo exige.
Siguiendo noticias de España, uno sabe de un grado aún peor en ese gradiente, un caso en el que la cooperación con las autoridades queda descartada. El lunes 23 de junio, se supo que el Opus Dei en el País Vasco español desconoce la autoridad de los jueces. Afirman que un profesor laico de un colegio católico, ya condenado como culpable por un juez, es, para ellos, “inocente”.
El caso involucra a Juan Cuatrecasas, antiguo miembro de las Cortes o diputado, que demostró que hubo abuso contra su hijo, litigó y ganó el caso. Sin embargo, para el Opus Dei, la sentencia de una autoridad importa poco o nada.
Lo ocurrido en el País Vasco es muy similar a la actitud de otra figura clave de esa organización religiosa católica, el cardenal peruano Juan Luis Cipriani. Como hace el Opus Dei con la sentencia en España, Cipriani desdeñó una resolución del papa Francisco que ofrece el peor ejemplo posible de la actitud desafiante incluso de los superiores en la jerarquía de la propia Iglesia Católica.
Tolerancia cero como propaganda
Ambos casos que involucran al Opus Dei, el del cardenal Cipriani y la indisposición a aceptar que hubo abuso en el colegio de Gaztelueta, España, ofrecen ejemplos claros de cómo, la tolerancia cero, sigue siendo propaganda.
En enero, el mundo supo que el arzobispo emérito de Lima, Perú, el cardenal Cipriani, había sido recibido algo parecido a un “castigo” por su participación en el abuso de un joven varón a su cuidado, aunque nunca hubo un anuncio formal del “castigo” y las razones por las que Roma se lo impuso.
Se sabe que Roma aceptó casi de inmediato la renuncia de Cipriani como arzobispo de Lima luego de que cumplió 75 años, en 2019, cuando de manera oficial se retiró. Como titular de la más antigua diócesis de América del Sur, Cipriani desempeñó un papel clave en el encubrimiento de abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana, además del caso de abuso que reconoció Roma.
El caso de Cipriani evoca “castigos” similares dictados contra el mexicano Marcial Maciel y el chileno Fernando Karadima. En primer lugar, porque el alcance real y el motivo de la “pena” permanecieron en secreto, una especie de acuerdo privado entre el papa y el culpable. Implicaba “una vida de oración” y restricciones en el uso de la vestimenta clerical y, en general, actuar en público como sacerdote.
A pesar de la reprimenda, Cipriani consideró oportuno desestimar la autoridad del papa Francisco. Regresó a Perú para asistir a las ceremonias que lo honraban, en atuendo clerical, a la sede de la alcaldía de Lima.
En respuesta, el Vaticano envió un archivo con la información de Cipriani al diario español El País. Cipriani imitó a Maciel, se dijo víctima de una campaña y haber aceptado el “castigo” del papa por disciplina y obediencia, no por ser culpable.
El caso era público desde finales de enero. A pesar de ello, durante los funerales del papa Francisco, a finales de abril, Cipriani se paseó descaradamente por Roma en atuendo clerical, a veces en atuendo de coro dentro de la basílica de San Pedro. Con ello, desafió, hasta su propia tumba, al papa que lo declaró culpable de abusar de un menor bajo su cuidado.
El caso de Cipriani muestra la profunda desconexión entre las frecuentes alusiones a la tolerancia cero como y lo observado en las actitudes de los altos jerarcas de la Iglesia Católica, atravesada por una crisis global de confianza.
En ese sentido, es evidente que algo falla cuando una institución habla de tolerancia cero, pero en realidad es incapaz de ejecutar las ya tímidas sanciones contra clérigos depredadores y desleales como Cipriani, como explica el artículo enlazado después de este párrafo.
Otro posible criterio sería el de las reasignaciones. ¿En qué casos sería aceptable que clérigos suspendidos temporalmente desempeñen funciones y quién velaría por su cumplimiento? ¿Cuáles serían las consecuencias del incumplimiento?
Es fácil comprender que, dados los diferentes contextos en los que opera la Iglesia Católica, es difícil esperar una definición única de los criterios, pero la ausencia de consecuencias por incumplimiento es lo que provocó el desastre actual.
Se podría argumentar que un ámbito donde una política de tolerancia cero sería necesaria y útil para validar el uso de tal lema sería el cumplimiento de los estatutos, normas y reglamentos de la propia Iglesia Católica: el Código de Derecho Canónico y otras normas de dicha institución.
Un ejemplo es la respuesta a la petición de Francisco de crear una comisión para prevenir el abuso en cada diócesis. Las conferencias de obispos de Brasil y México no han logrado ese objetivo desde que él promulgó la reforma de 2019.
Al menos hasta mediados de 2024, Brasil no había cumplido o no había informado de su cumplimiento, como relata el texto enlazado arriba. En México, aproximadamente al mismo tiempo, menos de la mitad de las diócesis habían cumplido con la solicitud del papa, como describe el que se enlaza abajo.
Dado que los obispos gozan de amplia autonomía en sus diócesis, usar la frase tolerancia cero como lema está les sale barato. Nada pasa si se incumple.
Tolerancia cero, una aproximación
Una noción de tolerancia cero fue adoptada oficialmente por la USCCB con el Estatuto ya referido previamente, conocido como el Estatuto o Chárter de Dallas, lo aprobaron por unanimidad en junio de 2002, después de que la jerarquía de ese país recoEsta idea está en duda ahora, pues existe evidencia del abuso de mujeres, menores o no, por clérigos varones, como prueba el texto enlazado antes sobre el abuso de una monja mexicana, y por otras monjas, como demuestra el que aparece después de este párrafo.nociera que había tratado de minimizar la magnitud del problema.
Junto con el Chárter o Estatuto, la USCCB tuvo el mérito de encargar lo que, hace más de 20 años, fue el mejor informe sobre el tema, el reporte La naturaleza y el alcance del problema del abuso sexual de menores por sacerdotes y diáconos católicos en Estados Unidos (The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States) publicado en 2004 y disponible en inglés aquí en la Biblioteca del Congreso.
Suficientemente bueno entonces, pero obsoleto ahora pues la evidencia estaba sesgada hacia casos de menores varones. Un sesgo involuntario, fruto de las dificultades para acopiar datos sobre casos de mujeres, dio pie a la idea infundada de que el abuso está vinculado con la atracción por personas del mismo sexo.
A pesar de todos los problemas, el Chárter y el Informe prueban que la USCCB estaba dispuesta buscar soluciones. Pagó por hacer el estudio al John Jay College of Criminal Justice, una prestigiosa universidad pública con un excelente programa de criminilogía y no a una universidad católica.
Sólo después de los escándalos
Si bien a finales del siglo XX algunos en la USCCB querían pedir a Roma la expulsión del ministerio a sacerdotes por abuso de menores, la tolerancia cero carecía del apoyo pleno. Había divisiones derivadas de que tolerancia cero implica imitar las políticas de tolerancia cero del ámbito de la justicia criminal en ese país.
No se puede ignorar que el informe y el desarrollo de una política de tolerancia cero se produjeron tras los escándalos ocurridos en las diócesis de los estados de Luisiana y Massachusetts, que se remontan a la década de 1980, cuando sacerdotes conservaron sus cargos a pesar de repetidos casos de abuso.
Ese fue el caso de John Geoghan (véase el texto antes de este párrafo) en la arquidiócesis de Boston, acusado de un mínimo de 130 casos de abuso de menores a lo largo de más de 30 años de “servicio”. Como Maciel, él tenía un tío con amigos en los lugares clave en la arquidiócesis y, según la costumbre de la época, la diócesis ofrecía repetidamente “segundas oportunidades” tras estancias en centros de rehabilitación.
En ese sentido, aunque positivos, el informe y la apuesta por la tolerancia cero fueron medidas reactivas luego de décadas de encubrimiento, negacionismo y, sobre todo, acoso y manipulación de los sobrevivientes y sus familias. Aunque ahora parezca una respuesta proactiva de la institución, no lo fue originalmente.
La USCCB como los obispos de cualquier otro país entonces, estaba afectada por un profundo desinterés en abordar el tema, actitudes cómplices, implicadas en lo que Robert Sipe llama el «vínculo escarlata» (ver el texto enlazado luego de este párrafo) y una clara predisposición de la jerarquía católica a victimizarse.
Dicha narrativa victimista contaba con respaldo histórico. Desde las leyes que prohibían a los católicos ejercer cargos públicos en Inglaterra y Prusia tras la Reforma, hasta la brutalidad de la Revolución Francesa (1789-99), las guerras Cristera en México (1926-9) y Civil en España (1936-9), hasta casos de cardenales de Europa del Este, como József Mindszenty, refugiados en embajadas tras la Cortina de Hierro en la década de 1950.
Clérigos depredadores, como Marcial Maciel, usaron hábilmente esos elementos para presentarse como víctimas de vastas conspiraciones orientadas a destruirlos a ellos y a su iglesia. Esto permitió que el abuso persistiera.
Fin de juego
A pesar de todo, la USCCB reconoció el escenario de fin de juego que vivía a principios del siglo XXI, producto de la vitalidad del derecho consuetudinario, el enfoque proactivo de las policías en Estados Unidos y la forma en que los medios en ese país, en especial el National Catholic Reporter, investigaron el tema con una pasión similar a la que The Washington Post dio al caso Watergate.
La USCCB actuó no tanto por voluntad propia. Lo hizo en respuesta a una avalancha de informes, periodísticos, académicos, personales y de otro tipo, que daban cuenta de patrones de desdén de las señales tempranas de abuso. A veces, el desinterés resultaba de la escasez de personal en la Iglesia Católica, pero es la propia Iglesia Católica la que limita el número de los autorizados para realizar ciertos ritos, pero frecuentemente influían otros factores.
Incluso Juan Pablo II lo tuvo que admitir, como lo prueban sus dichos a los cardenales estadounidenses de abril de 2002, disponibles aquí. Fue, en sus propias palabras, una «compleja y difícil situación», llegando incluso a expresar su «profundo sentimiento de solidaridad y preocupación».
Pronunció esas palabras a pesar de su declaración, poco más de catorce meses antes, el 4 de enero de 2001, en la que elogió y agradeció públicamente a Marcial Maciel «las palabras que me ha dirigido en nombre de todos (en la Legión de Cristo)».
El camino y la raíz
La ruta de la USCCB, aunque aceptada formalmente por Roma en 2002, es, hasta hoy, una anomalía, con Francia como el único caso similar en Europa.
Si los obispos franceses siguieron la ruta de la USCCB al encargar un estudio seminal al gurú de los estudios de políticas Jean-Marc Sauvé, que amplió el alcance del reporte de 2004 de la USCBB, al sur de los Pirineos, en Madrid, sus hermanos españoles pidieron a Javier Cremades, numerario del Opus Dei, una suerte de estudio con poca perspectiva crítica sobre la crisis en España.
Mientras en París, los obispos contrataron a un experto, que entregó un riguroso autoexamen que exponía problemas sistémicos, en Madrid, los prelados optaron por una voz dócil, dispuesta a ofrecerles ayuda para controlar la narrativa.
Y aún peor. Mientras que los obispos franceses reconocieron en 2021 un mínimo de 216 mil víctimas, sus hermanos españoles minimizaron el problema: mil 803, según el informe de Cremades, pero sólo 806 según el recuento de los obispos. Difícil de creer si se sabe que la población de España ha sido dos tercios de la de Francia durante el último siglo, por lo que no se explica esa diferencia.
El concepto de tolerancia cero tiene sus raíces en estudios de criminología de la década de 1960. Más concretamente, en las políticas diseñadas por el gobierno federal de Estados Unidos para imponer estrictas restricciones al consumo de alcohol por parte de menores de edad al volante.
Es imposible repasar la historia de la tolerancia cero en esos ámbitos, pero, en lo que respecta al consumo de alcohol, alcanzó un hito cuando Ronald Reagan promulgó la llamada Ley Nacional de Edad Mínima para Beber de 1984, un mandato federal que obligaba a los estados a promulgar leyes para prevenir el consumo de alcohol y la conducción por parte de menores de edad. La política logró sus objetivos, entre otras razones, gracias a organizaciones sociales que apoyaron esas iniciativas.
Otra fuente de su uso proviene de la llamada Guerra contra las Drogas, iniciada por Richard Nixon en la década de 1970. El historial de políticas de tolerancia cero en ese ámbito es menos exitoso, pues implica prácticas de sentencia brutales. Está presente en textos como el de George L. Kelling y James Q. Wilson en la revista The Atlantic “Broken Windows” o “Ventanas rotas” de 1982, y dio lugar a las Leyes de tres strikes o de Tres castigos. Sin embargo, gracias a su éxito para prevenir la conducción en estado de ebriedad, a finales de 1980 la idea de tolerancia cero era creíble en el mundo angloparlante.
Fue en ese contexto que la noción se integró en la respuesta de la USCCB a la crisis de abuso sexual. Cuatro años después de su elección, Francisco adoptó una variedad más bien débil de la comprensión de tolerancia cero de la USCCB.
El 21 de septiembre de 2017, al pronunciar un discurso ante Tutela Minorum, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, fundada por él en 2014, declaró: «La Iglesia, irrevocablemente y a todos los niveles, se propone aplicar el principio de tolerancia cero contra el abuso sexual de menores».
Poco más de tres meses después, durante un visita pastoral a Chile y Perú, Francisco tuvo su “viaje a Damasco” al confrontar los efectos generalizados de la crisis. Su enfoque, al menos hasta el último día en Chile, fue el procedimiento habitual de su iglesia, basado en el secretismo y el negacionismo.
El abominable depredador solitario
El día de su partida a Perú, segunda etapa de su viaje pastoral en 2018, Francisco pidió una vez más pruebas de las acusaciones contra Juan de la Cruz Barros, miembro de los llamados “obispos de Karadima”, un subgrupo informal de la Pía Unión Sacerdotal, una organización del clero de Chile encabezada por el conocido depredador Fernando Karadima.
Karadima ya había sido objeto de una investigación con poca o ninguna consecuencia real. Como ocurre hoy, el “castigo” fue restringir su capacidad para ejercer en público como sacerdote. Karadima no estaba dispuesto a acatar, y sus superiores en Santiago de Chile no estaban dispuestos a vigilar que cumpliera.
Por un tiempo, a principios de 2011, las noticias de Karadima realizando rituales y sacramentos para fieles dispuestos a apostar por su inocencia conmocionaron a la opinión pública chilena. Como narra El Mostrador, Karadima contaba con un fiel rebaño.
Estaban dispuestos a seguirlo hasta las puertas del infierno, a pesar del manazo de Benedicto XVI y del entonces arzobispo Ricardo Ezzati (abre un PDF).
Tres años después del escándalo, otro medio chileno, CIPER, daba cuenta de los funerales que Karadima ofició en la capilla del convento, como lo haría cualquier párroco.
La excusa fue que oficiaba en la capilla de un convento que no abría regularmente al público. Sin embargo, como demuestran los artículos de esos dos medios chilenos, no existían restricciones reales para acceder a la capilla ni para que Karadima oficiara como sacerdote.
Cabe decir que nadie, ni siquiera un sacerdote con sus documentos en orden, podría simplemente presentarse en la capilla de un convento y oficiar como tal sin la aprobación de la superiora y del obispo de la localidad.
Gótico chileno
En respuesta, el cardenal Ezzati Andrello afirmó que no podía hacer cumplir las restricciones a Karadima porque “no era carabinero”, es decir un tipo especial de policía en Chile, según informó este texto mientras se aferraba a la explicación simplona del “depredador solitario”.
La “explicación” ya se había usado con Marcial Maciel en México y fue adaptada a Chile desde 2010, cuando el entonces secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, viajó allí, supuestamente por razones ajenas al caso de Karadima, aunque ofreció esa explicación cuando tuvo oportunidad de hablar de ese caso.
Ese año, Bertone vinculó el abuso con el mito del “depredador solitario”, con la atracción hacia personas del mismo sexo y no con la falta de estándares de la Iglesia Católica para abordar el problema, como informa este texto de 2010.
La narrativa del depredador solitario, presente en lo que la Iglesia Católica dice sobre Maciel y Karadima, es útil para manipular y desviar la atención. Permite las afirmaciones que Barros hizo entonces sobre no saber qué hacía Karadima. Lo decía a pesar de los muchos testimonios de sobrevivientes chilenos que identificaban a Barros como cómplice de Karadima.
blemas, se convirtieron en apoyos clave de la defensa en múltiples rutas de Karadima.
Minutos antes de la misa en Iquique, de donde iría a Lima, Perú, Francisco ofreció una entrevista improvisada a una periodista argentina, en ella el papa pidió repetidamente “pruebas” de los cargos contra Barros.
Francisco nombró a Barros obispo de Osorno el 10 de enero de 2015. A diferencia de la mayoría de los nombramientos en diócesis de América Latina, que pasan desapercibidos para la opinión pública, el de Barros desencadenó movilizaciones masivas sin precedentes en toda la diócesis y todo Chile.
Esto ocurriría unos días después, durante la conferencia de prensa a bordo del avión, el 22 de enero de 2018, volviendo a Roma, que adoptó el lenguaje de la “tolerancia cero” al hablar del Sodalicio peruano, al comparar sus medidas con las del papa Benedicto XVI al tratar con…"un caso relacionado con los Legionarios de Cristo ya fue resuelto en su momento por el Papa Benedicto XVI, que en eso estuvo muy firme. Benedicto no toleraba esas cosas y yo aprendí a no tolerarlas tampoco."
¿Damasco vía Chile?
Después de esa pregunta sobre el Sodalicio e indirectamente sobre la Legión de Cristo, Francisco respondería a otra pregunta:
- Sobre Barros hice una declaración, no declaraciones: una. Yo hablé en Chile, y eso fue en Iquique, al final. Hablé en Chile dos veces sobre los abusos: con mucha fuerza delante del gobierno, que era hablar delante de la patria, y en la catedral con los sacerdotes. El discurso que dije a los sacerdotes es lo que yo siento más profundamente respecto a este caso. Ustedes saben que empezó el papa Benedicto con tolerancia cero, yo seguí con tolerancia cero, y después de casi cinco años (…) no he firmado un pedido de gracia.
Aunque admitió la naturaleza “no feliz” de su declaración a la periodista argentina, insistió en que no existía ninguna prueba contra Barros, quien, finalmente, sería destituido de su cargo el 11 de junio de 2018.
Lamentablemente, la Iglesia Católica chilena parece incapaz de aprender de la caída del papa Francisco camino a Damasco, pues nuevos problemas emergen y viejos casos permanecen en una suerte de limbo.
A principios de junio, Carol Crisosto Cádiz, una de las laicas chilenas que protestaron hace diez años contra Barros, informó que los obispos chilenos estaban dispuestos a dar una segunda oportunidad a un sacerdote condenado por abuso sexual tanto por la autoridad como por la jerarquía católica.
Su texto, disponible aquí, llama a Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción, a reflexionar sobre el futuro de Hernán Henríquez Rosas.
A pesar de que los tribunales civiles y eclesiásticos chilenos declararon culpable a Henríquez, existe la posibilidad de que regrese parcialmente al ministerio en 2028, y la de una restitución plena en 2033.
Unos días después, el martes 24 de junio, el sacerdote chileno, expulsado de la Compañía de Jesús, Felipe Berríos del Solar, recibió “buenas noticias” de las autoridades luego de que desecharon un caso en que una mujer le acusó de haberla atacado sexualmente cuando era una menor de 15 años, en 2000.
Las autoridades no lo exoneraron. Reconocen la validez del reclamo de la víctima. Es sólo que no pueden ir más lejos dadas las restricciones usuales derivadas de la prescripción de los casos. Esa es la razón por la que, al menos para los jesuitas, el caso era válido. De ahí su decisión de expulsar a Barrios en mayo de 2024.
En total, siete mujeres, de entre 14 y 23 años al momento de los ataques en distintos incidentes, entre 1993 y 2009, acusaron a Berríos de abuso sexual.
Su decisión cimbró, una vez más a las ya de por sí frágiles estructuras de la Iglesia Católica en Chile, pues Berríos era un campeón de las causas sociales, un Abbé Pierre chileno, que hacía frente a los mismos problemas que el depredador francés: problemas de vivienda, pobreza y los males asociados, y que ahora enfrenta cargos similares a los que, lamentablemente, destruyen el legado de Abbé Pierre en Francia.
Y todavía peor, Berríos, como muchos otros sacerdotes chilenos, hizo lo más que pudo para presentarse como el verdadero heredero de san Alberto Hurtado (1901-52), un jesuita chileno que también fue un campeón de los pobres y marginados y sufrió, en su tiempo, el acoso de los obispos chilenos de la época, quienes le echaron de distintas iniciativas que impulsaba, con relativo éxito, como sacerdote.
En cualquier caso, el hecho de que Francisco cite a Benedicto XVI como inspiración para su propio enfoque hace necesario profundizar en el papel de Ratzinger-Benedicto XVI en el uso de la tolerancia cero, tema central de la próxima entrega de esta serie.
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