CONFLICTO LEY GENERAL DE EDUCACION 1970

Ya descubrí hace tiempo que si en los 40 los krausistas y la ILE fueron denostados y defenestrados ocupando sus edificios y el Opus Dei intentó ocupar su puesto su "puesto" en la sociedad española, en 1970 la Ley General de Educación implementada por un ministro de la "family" fusilaba las propuestas de la ILE tranquilamente.

Villar Palasí visitando nuestra escuela

Hay más cosas. Hubo conflicto entre la Iglesia y el Estado a propósito de la nueva Ley. Ley por la cual el gobierno pretende asegurar progresivamente la escolarización total de los niños del ciclo primario en el marco de las escuelas públicas, y que instaura una gratitud completa, limitada únicamente a los establecimientos públicos, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria.

Lo pongo aquí porque no entiendo cuál es al molestia para la Iglesia española. Una ley que vaya a facilitar el acceso a la educación primaria de toda la población española debería ser una alegría para cualquiera que esté interesado en la instrucción del pueblo. Síntoma del "partidismo" y mezquindad.

 Anunciado el 17 de abril de 1968 por el ministro de Educación, Villar Palasí, este proyecto suscita un clamor de indignación en los medios católicos. El 28 de febrero de 1969, la comisión episcopal de la enseñanza manifiesta su hostilidad al proyecto, pidiendo una ayuda pública que permita asegurar igualmente la gratuidad en la enseñanza religiosa. El 14 de mayo, un informe del sindicato nacional de enseñantes viene a apoyar esta reivindicación.

Esto no impide que la redacción del anteproyecto de ley progrese en el sentido previsto por el gobierno. Terminado en el mes de agosto de 1969, el texto es transmitido a las Cortes el 23 de septiembre. Después de algunos meses de reflexión, la comisión episcopal de nseñanza se reúne los 20 y 21 de febrero de 1970 para discutir el proyecto, reclamando oficialmente que se faciliten créditos públicos para asegurar la gratuidad de las escuelas y colegios católicos. La ley se adapta, sin embargo, prácticamente sin cambios el 28 de julio, a pesar de los esfuerzos de los procuradores eclesiásticos que la han criticado constantemente en los debates en comisión desde el 1 de abril al 20 de junio. La Conferencia Episcopal de 5 a 11 de julio de 1970 protesta vivamente contra la discriminación financiera realizada entre los establecimientos del Estado y los de la Iglesia, y lo hace antes de que la ley haya sido ratificada.

En el momento de su promulgación, un editorial de Eclesia protesta firmemente contra las discriminaciones que establece. Pero es cierto que deja la puerta abierta a un arreglo, precisando que si el Estado no tiene los recursos suficientes para realizar de golpe la gratuidad necesaria en la enseñanza, habría que ir a una implantación gradual de ésta en un plazo de 10 años. Se hará oídos sordos a este llamamiento aunque la Asamblea plenaria del episcopado, de 17 a 20 de febrero de 1971, había reiterado la petición de ayuda para la gratuidad, e insistido en que la Iglesia conservara un derecho de control sobre la formación de los maestros de enseñanza pública.
En enero de 1972 la Federación de Religiosos de la Enseñanza condena la apertura de nuevos colegios del Estado que entran en competencia por sus homólogos católicos y les obligan en ciertos casos a cerrar. Reclama asimismo la publicación de las normas de asociación de los colegios religiosos al Estado, prevista por la ley pero aún no entrada en vigor.

Finalmente la Iglesia sólo obtiene satisfacción por este último punto, y debe soportar que el ministro de Educación publique unilateralmente, el 11 de septiembre de 1973 un nuevo reglamento de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Esto después de dos años de negociaciones infructuosas con el episcopado, el cual no puede menos que expresar su sorpresa ante esta imposición al término de la reunión de su comisión permanente de los días 18 a 20 de septiembre. En materia de educación, la separación de la Iglesia y del Estado se ha operado ya en la práctica, pero realizada de forma unilateral por el gobierno.