ESPAÑA, CAMISA BLANCA (1960-1980)

Magí me interesa que justifiques mejor lo de la "disidencia controlada". ¿Se debe a qué no quiere manifestarse sobre el acto del día 27?
Venimos desde tan abajo que yo valoro mucho el que un ex se atreva a reclamar dinerito, lo justo, por haber trabajado.
Es desesperante leer algunas cosas de ex, como zombies. Gente que no ha despertado del sueño dogmático opus. Como si se hubieran tomado un "brebaje".
Es la creencia en ellos lo que mantiene el chiringuito. A menos creyentes la cosa se desinfla. Pero todavía hay demasiados, al menos en el gremio ex.
Son más útiles fuera que dentro. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Unos callando y escondiéndose todo lo que pueden  y otros que abren la boca y sube el pan.

ESPAÑA, CAMISA BLANCA (1960-1980)

Tony JUDT habla específicamente de nuestro país en su libro Postguerra. Le dedica unos párrafos en el capítulo titulado “Una época de transición”. Allí aparece el texto más largo que nos dedica exclusivamente junto con otros países “periféricos” de Europa, a saber Irlanda, Grecia y Portugal. Todos países mayoritariamente agrarios en  1960, al comienzo del período descrito, gobernados por sendas dictaduras, no Irlanda, y en general atrasados cultural y políticamente con respecto a Centroeuropa.

Tony JUDT

Lo perfecto es ver el cuadro completo: 1200 páginas de historia europea desde el fin de la segunda guerra mundial. Un impresionante fresco en que no se olvida a nadie, desde España hasta Rusia, desde Irlanda hasta Turquía. Y en cada uno de los períodos que van de 1945 a casi 2010. Se habla y critica todo, incluido el Festival de Eurovisión. Lo nuestro es la cuarta fila, aunque hagamos esfuerzos por sacar el cuello...no hay manera.

A un visitante que entrara en España desde Francia, digamos en 1970, el abismo que separaba ambos lados de los Pirineos se le antojaría inmenso. Los más de 20 años de régimen franquista habían acentuado el retraso social y el aislamiento cultural en el que España había languidecido durante gran parte de los dos siglos anteriores y, dentro de la cultura política europea, su sistema autoritario resultaba todavía más anacrónico al principio. A primera vista, los 60 parecían haber pasado completamente de largo por España: cosas como la estricta censura, la rígida aplicación de las normas reguladoras de la vestimenta y el comportamiento públicos, la omnipresencia de la policía y unas leyes penales draconianas para los críticos políticos apuntaban a que el país estaba congelado en el tiempo y que su reloj histórico parecía haberse detenido para siempre en 1939.

Sin embargo, si se prestaba un poco más de atención, se podía ver que España, o por lo menos el norte y la ciudades, estaban cambiando con bastante rapidez. Franco era un dictador estricta y auténticamente reaccionario, pero a diferencia de su vecino Salazar, también era realista en cuestiones económicas. En 1959 España abandonó las prácticas autárquicas de las dos décadas anteriores y, a instancias de un grupo de mnistros del Opus Dei, adoptó el Plan nacional de Estabilización cn el objetivo de contener la endémica inflación del país y abrirse al comercio y la inversión. Al principio, las consecuencias económicas del plan –impuestas con firmeza y sin concesiones- fueron severas: la devaluación, los recortes presupuestarios, la congelación de créditos y las restricciones salariales redujeron la inflación, pero obligaron a decenas de miles de españoles a buscar trabajo en el exterior.

¿Por qué todo esta situación se repite periódicamente en España? ¿Tan poco hemos cambiado?

No obstante, el sector privado, hasta el momento condicionado por normativas corporativistas y por una arraigada política de sustitución de las importanciones, se encontró más libre para expandirse. Los aranceles se redujeron; España se incorporó al Banco Mundial, al FMI, al GATT y fue admitida en la OCDE. En 1962 Franco solicitó con éxito el ingreso en la Comunidad Económica Europea. ¿No fue Ullastres el que se encargó de ello? ¿numerario con derecho a numerarias auxiliares en la embajada en Bruselas? Me parece que no lo he soñado…

La nueva política económica franquista eligió un momento propicio. El sector interno español había estado protegido de la competencia durante los primeros años del auge económico de postguerra en Europa, pero ahora se abría al comercio exterior en el momento justo. A partir de 1961 el PIB comenzó a crecer paulatinamente. El porcentaje de mano de obra rural, uno de cada 2 trabajadores en 1950, cayó drásticamente cuando los jornaleros del sur y del oeste comenzaron a emigrar al norte para trabajar en fábricas y en el floreciente sector turístico: en 1971 sólo uno de cada 5 españoles trabajaba en labores agrícolas. A mediados de los 70, según los criterios de la ONU, España ya había dejado de considerarse un país “en vías de desarrollo”.

No conviene exagerar el milagro económico español franquista. España no sufría el peso residual del imperio y, por tanto, no tuvo que enfrentarse a los costes económicos o sociales de la descolonización. Gran parte del dinero extranjero que entró en el país en la década de 1960 no procedía de la exportación de productos fabricados en España, sino de las remesas enviadas desde fuera por los trabajadores emigrados o por los turistas del norte de Europa: en suma, la modernización económica de España se derivó en gran parte de la prosperidad de otras naciones. Excepto Barcelona, la Costa Brava y algunas partes del País Vasco y en menor medida Madrid, el transporte, la educación, las infraestructuras sanitarias y los servicios seguían estando muy retrasados. Incluso en 1973, la renta per cápita del conjunto del país era todavía inferior a la de Irlanda y no llegaba a la mitad de la media de la CEE.

No obstante, las consecuencias sociales de la modernización económica, aún limitada, fueron considerables. En general, puede que en esa época anterior a la televisión España hubiera podido protegerse del impacto cultural que tuvieron los 60 en otros países, pero las disparidades económicas y las perturbaciones generadas por el Plan de estabilización produjeron un generalizado descontento laboral. Desde fnales de los 60 hasta la muerte de Franco, las huelgas, los cierres patronales, las manifestaciones y las demandas constantes de convenios colectivos y de representación sindical se convirtieron en un rasgo de la vida española. El régimen se oponía categóricamente a cualquier tipo de concesión política, pero, en una época en la que tantos extranjeros visitaban el país, 17 millones trescientos mil en 1966, que se convertirían en 34 un año antes de la muerte del dictador, no podía permitirse ofrecer un rostro demasiado represivo.

Las autoridades españolas tampoco podían renunciar a la cooperación y las aptitudes de una creciente mano de obra urbana. Por lo tanto, se vieron obligadas a aceptar de facto la aparición de un movimiento sindical, mayoritariamente afincado en Cataluña y en las industrias pesadas del País Vasco. Junto a los sindicatos no oficiales, estas redes semiclandestinas podían recurrir a una década de organización y experiencia a la muerte de Franco.

Sin embargo, en España los conflictos laborales se mantenían estrictamente dentro del ámbito de las reivindicaciones materiales. En los útlismo años el régimen dependía no de la represión violenta, sino de una especie de asentimiento pasivo impuesto, de una despolitización cultural prolongada durante décadas. Las protestas estudiantiles gozaron de cierta libertad para organizarse dentro de unos límites definidos. Incluso contaban cn las simpatías dentro del régimen de católicos reformistas y falangistas desengañados. Pero cualquier manifestación de simpatía activa o de colaboración entre diferentes sectores –con los mineros en huelga por ejemplo- estaba absolutamente prohibida. Lo mismo se aplicaba a los críticos adultos del régimen.

Cualquier opinión política se mantenía en secreto y los partidos políticos independientes estaban prohibidos. Hasta 1967 ni siquiera hubo algo parecido a un texto constitucional y en líneas generales, los derechos y procedimientos existentes no eran más que de “cara a la galería” de los socios occidentales de España. Franco, que se había autoproclamado “regente” de la monarquía suspendida, indicó que, a su debido tiempo, le sucedería el joven Juan Carlos, pero para la mayría la cuestión de la monarquía no tenía incidencia en los asuntos españoles. Hasta la función de la iglesia católica, que seguía teniendo una importante presencia en la vida privada de muchos españoles, era limitada en lo tocante a las políticas públicas.

El papel tradicional de España como baluarte de la civilización cristiana frente al materialismo y al ateísmo era un elemento primordial del programa de estudios primarios; pero a la propia jerarquía católica ( al contrario que a los modernizadores criptomonjes del Opus Dei) se mantenía bien lejos de las riendas del poder, situación que contrastaba enormemente con el espíritu de cruzada nacional católica de la primear década del régimen. En junio de 1968, Franco aceptó por primera vez el principio de libertad religiosa y permitió que los españoles practicaran abiertamente el credo que quisieran. Pero para entonces la religión misma estaba entrando en una etapa de prolongado declive: en un país que podía presumir de más de 8000 seminaristas a comienzos de los 60, 12 años no tenía 2000. Entre 1966 y 1975 un tercio de los jesuitas españoles abandonó la orden.

También se mantenía al ejército a una distancia prudencial. Tras llegar al poder mediante un golpe militar, Franco comprendía muy bien los riesgos que comportaba marginar  a una casta castrense que había heredado un exagerado sentido de responsabilidad en lo tocante al mantenimiento del Estado español y de sus valores tradicionales. Durante los años de la postguerra el ejército español fue mimado y halagado. Su victoria en la Guerra civil se celebraba anualmente en las calles de las principales ciudades y sus pérdidas se conmemoraron ostentosamente en el monumental Valle de los Caídos, inaugurado en 1959. Los ascensos y condecoraciones se multiplicaron: cuando cayó el régimen, había 300 generales y, por cada 11 miembros de otra graduación, un oficial, lo cual suponía la proporción más elevada de Europa al respecto. Según la denominada Ley Orgánica del Estado de 1967, “las fuerzas armadas de la nación garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional”.